La crisis en el sistema de traslados de detenidos en la Fiscalía de Santo Domingo Este continúa profundizándose, provocando constantes aplazamientos en las audiencias de medidas de coerción y afectando directamente a víctimas, familiares y al funcionamiento del sistema judicial.
Uno de los casos más impactados es el de Leonardo Aneudi Suárez, conductor de Uber ultimado de un disparo en la cabeza en la avenida España. Su presunto homicida, Luis Alberto Heredia del Rosario, permanece bajo arresto a la espera de que un juez conozca la medida de coerción. Pero esto aún no ocurre: la audiencia ha sido pospuesta en cinco ocasiones, según confirmó el abogado de la familia, Jonathan Arias.
Arias sostiene que la raíz del problema es el desbordamiento de personas privadas de libertad que mantiene la Fiscalía, lo que ha reducido drásticamente la capacidad para realizar los traslados diarios hacia los tribunales.
“La Fiscalía tiene un cúmulo de presos que supera su capacidad. No pueden trasladarlos a todos. Están priorizando a los que llevan más tiempo esperando audiencias, mientras a los demás los siguen aplazando”, explicó.
Un sistema que no da abasto
La falta de personal asignado al traslado de detenidos se ha convertido en un obstáculo permanente para el avance de los procesos. La situación provoca un efecto dominó: audiencias que nunca inician, fiscales que deben reprogramar expedientes y familiares que regresan una y otra vez sin obtener respuestas.
De acuerdo con Arias, el problema tiene raíces estructurales:
“Santo Domingo Este es demasiado grande. Atiende casos de Boca Chica, Santo Domingo Norte y, en ocasiones, hasta de Los Alcarrizos. La cantidad de expedientes que manejan es inmensa, y el personal disponible simplemente no alcanza”.
Familias atrapadas en la incertidumbre
La muerte violenta de Leonardo Aneudi Suárez ya representaba un trauma para su familia. Ahora, los constantes aplazamientos han añadido una carga emocional adicional mientras esperan que finalmente pueda conocerse la medida de coerción.
El retraso en este y otros casos evidencia la necesidad urgente de reforzar el sistema de traslados y de abordar las limitaciones logísticas que están impidiendo el avance de los procesos judiciales en la jurisdicción.
